Este documento está orientado a servir de guía argumentativa y práctica para que las profesionales de la salud y del sector judicial, así como los agentes de la administración pública en general, comprendan mejor sus responsabilidades y lleven adelante acciones para cumplir con las normas sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)4 de las mujeres que han atravesado una violación sexual y de esta forma garantizar este derecho en los países de América latina y el Caribe (LAC).