Peritajes

El caso de Alyne da Silva Pimentel contra el gobierno brasileño

Alyne da Silva Pimentel fue una mujer brasileña de descendencia africana cuyos síntomas relacionados con el embarazo fueron mal diagnosticados por profesionales médicos en su centro de salud local. Posteriormente hubo varios retrasos en proporcionar a Alyne la atención obstétrica de emergencia que necesitaba y como resultado, murió debido a causas relacionadas con el embarazo.

La madre de Alyne intentó en primer lugar presentar el caso ante la justicia en Brasil, pero al no obtener apoyo a nivel nacional, lo presentó ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)). La Dra. Wendy Chavkin, miembro del equipo de coordinación de GDC y el Dr. Cristião Fernando Rosas, médico líder de GDC/Brasil actuaron como expertos médicos y de salud pública en este caso. Según un boletín publicado en 2012 por la Organización Mundial de la Salud, la muerte de Alyne es un ejemplo de “circunstancias que se repiten con demasiada frecuencia en todo el mundo: las muertes maternas evitables parecen estar concentradas entre los grupos de mujeres marginalizados y se destacan por la ausencia de actores que asuman la responsabilidad”.

En agosto de 2011 la CEDAW declaró culpable al gobierno brasileño en el primer caso de mortalidad materna analizado en forma internacional. La decisión sin precedentes adoptada en el caso de Alyne estipula que el gobierno brasileño tiene la obligación de cumplir con los derechos humanos de las mujeres y de garantizar que todas las mujeres estén en posición de obtener acceso a servicios de atención prenatal de calidad.

Al reconocer las violaciones de los derechos humanos y del acceso al sistema de justicia, el Comité de la CEDAW exige que el gobierno brasileño:

  • indemnice a la familia de Alyne da Silva Pimentel;
  • asegure el derecho de las mujeres a la maternidad segura y el acceso adecuado a la atención obstétrica de emergencia;
  • proporcione capacitación profesional para los trabajadores de la atención sanitaria;
  • garantice que los servicios privados de salud cumplan con las normas nacionales e internacionales de atención de la salud reproductiva;
  • aplique sanciones a los profesionales de la salud que violen los derechos reproductivos de las mujeres y su derecho a acceder a la atención de la salud;
  • asegure el acceso al sistema de justicia en los casos de violación del derecho a la salud reproductiva de las mujeres y ofrezca capacitación a los jueces y agentes encargados del cumplimiento de la ley.

Para obtener más información, consulte el documento de la ONU: CEDAW/C/49/D/17/2008, de fecha 10 de agosto de 2011.

Advocating for access to safe reproductive health care.